Los proyectos de infraestructura suelen abrir discusiones complejas cuando inciden en comunidades indígenas, sobre todo en temas relacionados con el territorio, la consulta previa y la salvaguarda de sus derechos colectivos. En América Latina, uno de los episodios que mayor atención provocó fue el de las comunidades Ngöbe Buglé en Panamá, impactadas por la edificación de la represa Chan 75.
En este escenario, Loreto Ferrer integró el equipo de especialistas que intervino en una misión de verificación promovida por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (FCGAE). El trabajo desarrollado sobre el terreno hizo posible registrar la realidad de las comunidades y preparar un informe jurídico y técnico acerca de los efectos del proyecto, prestando especial atención a su eventual avance ante instancias interamericanas de derechos humanos.
La misión destinada a llevar a cabo la verificación en Panamá
La misión se desarrolló entre el 25 y el 30 de enero de 2011 y estuvo integrada por abogados especializados en derechos humanos. Su objetivo fue verificar sobre el terreno la situación de las comunidades afectadas por la construcción de la presa, así como contrastar la información institucional con la experiencia directa de la población. Para ello, el equipo mantuvo reuniones con autoridades, representantes de la empresa responsable del proyecto, organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo, y después viajó a Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, para visitar las zonas impactadas.
Durante el recorrido se visitaron comunidades como Charco de la Pava y Valle del Rey, junto con zonas de reubicación y espacios ya intervenidos por la obra. El vínculo directo con las familias y los líderes comunitarios constituyó un elemento esencial del proceso, ya que brindó la posibilidad de comprender de manera inmediata el grado de tensión, vulnerabilidad y pérdida de arraigo que muchas personas experimentaban desde que comenzó el proyecto.
Los ejes esenciales que estructuran el informe acerca de Chan 75
El estudio se estructuró alrededor de cinco ámbitos centrales: el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado; la valoración de riesgos junto con el impacto social del proyecto; la restitución territorial o las alternativas de compensación; las acciones de reparación; y la intervención de la comunidad en las decisiones y en los beneficios que genere el desarrollo hidroeléctrico. Estos pilares hicieron posible examinar el caso de forma integral, articulando tanto el marco jurídico nacional e internacional como la realidad constatada directamente en terreno.
Como detalló Loreto Ferrer, el informe tenía la intención de aportar una base jurídica amplia y bien fundamentada que sirviera tanto a las comunidades involucradas como a las entidades responsables. Su finalidad no se limitaba a cuestionar el proyecto desde una perspectiva teórica, sino analizar si las acciones del Estado y de la empresa habían garantizado derechos esenciales de los pueblos indígenas, incluidos la propiedad colectiva, la participación, la integridad cultural y personal, así como la consulta previa.
Principales hallazgos sobre derechos de las comunidades Ngöbe Buglé
Entre las conclusiones más relevantes, el informe señala una falta inicial de reconocimiento de derechos, especialmente en relación con la personalidad jurídica de las comunidades y la propiedad colectiva de sus tierras. Ese vacío facilitó que la obra avanzara sin procesos adecuados de consulta ni estudios suficientes sobre su impacto social y cultural.
También se recogieron testimonios sobre intimidación, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y procesos de negociación que no garantizaban una decisión libre por parte de las familias afectadas. A ello se sumaron problemas en las zonas de reubicación, donde se identificaron deficiencias relacionadas con el tamaño y la calidad de los terrenos, las posibilidades de agricultura y la adecuación de las viviendas a la cultura Ngöbe.
Otro aspecto particularmente delicado estuvo ligado al efecto moral y cultural del desplazamiento. La documentación del caso evidenció cómo se resintió el entramado comunitario, se diluyeron referentes territoriales y surgió una exigencia de reconocimiento público por los perjuicios ocasionados, más allá de cualquier compensación material.
El eventual trámite frente a organismos internacionales
Uno de los aspectos centrales del trabajo consistía en que el informe pudiera utilizarse como base en un posible tránsito del caso ante el sistema interamericano de derechos humanos. Así, la obtención de testimonios y la revisión de documentos se volvían fundamentales para apuntalar un expediente con alcance internacional. “Resultaba crucial aportar materiales relevantes si la Corte Interamericana decidía dar curso al caso. Por ello reunimos declaraciones, detectamos patrones de actuación, examinamos los contratos de reubicación y estudiamos las reformas legislativas más recientes”, señala Loreto Ferrer.
Este tipo de procesos requiere una documentación minuciosa, un examen técnico cuidadoso y la habilidad de interpretar tanto el entorno local como los estándares internacionales correspondientes. Por ello, más que una acción aislada, el trabajo realizado en campo junto con la preparación del informe se integra en una dinámica de cooperación internacional sustentada en evidencia, criterios jurídicos y la comprensión de realidades sociales complejas.
Un ejemplo específico dentro de una vivencia más amplia
La presencia de Loreto Ferrer en esta misión evidencia una labor profesional estrechamente ligada a la cooperación internacional, la elaboración de documentación técnica y el examen detallado de situaciones complejas en América Latina. No solo implica acompañar procesos desde el ámbito jurídico, sino también aportar a que las vivencias de las comunidades se transformen en insumos valiosos para la incidencia institucional y la protección de derechos.
Visto en conjunto, el caso Ngöbe Buglé y el informe sobre Chan 75 muestran cómo los equipos técnicos pueden desempeñar un papel relevante en la revisión de conflictos que involucran territorio, pueblos indígenas, desarrollo e instituciones internacionales.
