En el contexto de un creciente compromiso global hacia la sostenibilidad, se observa un alarmante retroceso en una de las actividades más contaminantes dentro del sector energético: la quema de gas natural durante la extracción de petróleo. En 2024, dicha práctica llegó a su punto más alto en casi veinte años, exacerbando tanto el despilfarro de recursos energéticos como el impacto negativo en el medio ambiente debido a las emisiones no reguladas. Esta tendencia, en lugar de disminuir, subraya la importancia de implementar con rapidez políticas efectivas que conviertan el desperdicio en oportunidades de desarrollo sostenible.
Datos que refutan los objetivos mundiales
En los últimos doce meses, se han incinerado cerca de 151.000 millones de metros cúbicos de gas natural en actividades petroleras globales. Este número supone un aumento de 3.000 millones en comparación con el año previo, lo que evidencia que esta práctica sigue siendo parte del método de obtención de hidrocarburos, a pesar de los compromisos internacionales para eliminarla antes de 2030.
El volumen de gas quemado equivale a unas pérdidas económicas estimadas en 63.000 millones de dólares. Además del coste financiero, el impacto climático es aún más grave: esta actividad ha generado alrededor de 389 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. De este total, se estima que 46 millones de toneladas corresponden a metano no quemado, un gas de efecto invernadero con un poder de calentamiento global mucho mayor que el CO₂ en el corto plazo.
Concentración geográfica y desigualdad en los avances
Un estudio sobre la dispersión geográfica muestra que únicamente nueve países son responsables del 75% del total de la quema a nivel mundial, aunque no suman ni la mitad de la producción global de petróleo. Esta concentración indica un desequilibrio en la implementación de tecnologías y regulaciones, así como un potencial significativo de mejora si se implementaran las prácticas exitosas de otras áreas.
El ritmo de avance también varía según el grado de compromiso. Los países que han adherido a iniciativas para eliminar la quema rutinaria de gas han logrado reducir en promedio un 12 % su intensidad de quema desde 2012. En contraste, aquellos que no forman parte de estos compromisos han incrementado su intensidad en un 25 %, lo que evidencia la eficacia de los marcos de cooperación internacional, pero también la urgencia de ampliar su alcance.
El dilema energético: despilfarro en tiempos de carencia
El mantenimiento de esta práctica es particularmente contradictorio al tener en cuenta que más de mil millones de personas en el mundo todavía no tienen acceso a una energía fiable. En este marco, el desperdicio de enormes cantidades de gas natural —un recurso valioso que podría utilizarse para producir electricidad, calefacción o procesos industriales— supone una pérdida de oportunidad para progresar hacia una transición energética justa, inclusiva y eficiente.
El combustible gaseoso que se desperdicia en estas actividades no solo se desaprovecha como recurso energético, sino que además constituye un riesgo ambiental importante. Con frecuencia, la combustión es incompleta, liberando metano y otros contaminantes sin tratar al ambiente. Estas emisiones no controladas intensifican el cambio climático y complican el alcance de las metas climáticas establecidas en encuentros internacionales.
Opciones disponibles, falta de acción
Frente a esta problemática, existen alternativas técnicas y normativas que permiten reducir drásticamente la quema y aprovechar el gas capturado. Soluciones como la instalación de infraestructuras para la reinyección del gas, su uso in situ como combustible, o su tratamiento y distribución como fuente de energía comercial, ya han demostrado su viabilidad en distintas regiones.
Sin embargo, para que estas soluciones se implementen a escala, es indispensable el respaldo de políticas públicas consistentes, inversiones en infraestructuras y reformas regulatorias que hagan obligatoria la captura y uso del gas. Asimismo, es fundamental fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de los países con mayores niveles de quema, brindándoles herramientas para monitorear y controlar esta práctica de forma eficiente.
Supervisión vía satélite y esfuerzo por la transparencia
El monitoreo de esta actividad ha mejorado en los años recientes gracias al empleo de tecnología satelital moderna. A través de sensores infrarrojos, se puede detectar y medir la quema de gas desde el espacio, lo que facilita una valoración más exacta y clara del avance hacia el objetivo de erradicar esta práctica antes del año 2030.
Este tipo de monitoreo constituye una herramienta crucial para impulsar la rendición de cuentas, visibilizar los avances y fomentar una competencia positiva entre países y operadores. No obstante, los datos más recientes revelan que la meta aún está lejos de alcanzarse.
Un desafío urgente para la acción climática
La flaring de gas natural constituye una de las fuentes más prevenibles de contaminación industrial, con efectos que van más allá del ámbito local y repercuten directamente en las iniciativas globales para combatir el cambio climático. La continuidad de esta actividad cuestiona la consistencia entre las declaraciones políticas y la situación operativa en el sector energético.
Progresar hacia su eliminación no solo es realizable, sino esencial. Utilizar el gas que se desperdicia, disminuir las emisiones y redirigir las inversiones hacia soluciones limpias son pasos fundamentales para alcanzar las metas de descarbonización y garantizar un futuro energético más sostenible y justo.
